El 21 de febrero entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores, así como a cualquier administración pública, a disponer de un canal para que los empleados y agentes relacionados con la empresa puedan hacer llegar a los departamentos responsables cualquier queja o sospecha de irregularidad.
En los próximos meses, las organizaciones españolas deberán adoptar esta medida de forma obligatoria antes del 01/12/2023. Concretamente, aquellas empresas/administraciones que reúnan al menos alguno de los siguientes requisitos:
- Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores.
- Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia del número de trabajadores con que cuenten.
- Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Software de canal de denuncias interno para empresas de CheckingPlan
La normativa es firme en cuanto a las características que debe cumplir el canal de comunicación de denuncias y con la tramitación de las denuncias recibidas.
- Fácilmente accesible
- Cumplir con la normativa de protección de datos
- Garantizar la confidencialidad de las comunicaciones
- Permitir la presentación de comunicaciones por escrito
- Opción de denuncia desde el anonimato
- Asegurarse de el recibo de la denuncia se produzca en un plazo de 7 días
¿Cómo funciona el canal de denuncias de CheckingPlan?
La herramienta de canal de denuncias de CheckingPlan, ofrece dos entornos diferentes según el rol: denunciante (anónimo o nominal) o gestor de las denuncias, para hacer el seguimiento. Ambas ofrecen una interfaz intuitiva y un proceso sencillo.
Proceso para el denunciante:
Proceso para los gestores:
¿Cuáles son las sanciones por no implementar un canal de denuncias?
Las sanciones económicas por incumplimiento de la Ley 2/2023 oscilan entre 1.000 y 300.000 euros para personas físicas y de hasta 1 millón de euros para entidades, sumado a la prohibición del derecho a recibir subvenciones y contratos con la Administración Pública, así como a la negativa imagen pública de la organización.